Por Carlos M. Hornelas Pineda
Muchos coinciden en que tanto la BBC de Londres como la NHK en Japón son las televisoras más emblemáticas del planeta. Su fama trasciende lo local y se inserta en la oferta cultural del ciudadano globalizado que tiene acceso a ellas. Ambas son entes públicos, que no oficiales, y han visto como el gobierno en su patria se ha alternado mientras la estructura de gestión de estas industrias culturales queda intocable.
El éxito de ambas consiste en ser fieles a la audiencia, de la cual viven, no a los gobiernos que administran los bienes públicos. Viven del escrutinio del televidente, no de los anunciantes. Viven de la pluralidad de los Consejos que deciden en conjunto el rumbo a seguir; no de los dictados que impone el poder para, paradójicamente, utilizar los medios de comunicación para callar, someter y soslayar.
En México, se echa de menos una verdadera política en materia de comunicación. Para empezar, cuando se habla de medios de comunicación, se tiene, vergonzosamente, que hablar en primer lugar de los medios concesionados y en segundo lugar de su carácter oligopólico. La concentración del poder económico de los medios electrónicos vive en relación de connivencia, como un matrimonio arreglado. Ahora la televisión se sirve de la política y “Político sin pantalla es un pobre político.”
Nuestros gobernantes son celebridades del canal de las estrellas, que en horario telenovelero aparecen a cuadro con el pelo engominado, y cual galanes de la pantalla, ni siquiera una inundación de una zona residencial, un huracán o un incendio en una guardería logra despeinarles. Como cualquier mercancía de salida y en oferta, su imagen aparece inflada y como el espejo del rey, admiran la vacuidad y desnudez de su reflejo con soberbia y desdén, pensando que el pueblo, que sufre de estulticia, es incapaz de percibirlo.
Así, con una mano en la chequera y otra en el control remoto, el magnate italiano de los medios y también presidente de Italia, ha recibido un fuerte encontronazo con la realidad. Mientras prodiga su imagen en todos los medios a su alcance, una persona común y corriente – que debe estar loco, como dicen los medios- le ha propinado semejante golpe, literalmente hablando, que ha herido más su vanidad porque demuestra su vulnerabilidad como persona. Ahora, el espejo se ha roto y como el corrido del caballo blanco, lleva el hocico sangrando. Antes les tiraban zapatazos los periodistas, ahora sin escribir, les descomponen el garbo.
Lejos, pero no tanto, en México la mediocracia impone su agenda y peculiar estilo no sólo a la audiencia sino también al poder legislativo. El pasado lunes 7 de diciembre, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Mexicana (CIRT), publicó un desplegado a plana completa (AMEDI, 2009) en diversos diarios de circulación nacional en el cual advierte un grave peligro para México (otro más): la chavetización de la radiodifusión promovida por el Senador Carlos Sotelo García.
De acuerdo con la CIRT, el senador Sotelo (Sotelo, 2009), presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la cámara alta, estaría tramando una estrategia política usando como señuelo a las radios comunitarias. Esta versión de los hechos busca posicionar la idea de que las radios comunitarias, operadas de manera ilegal por indígenas revoltosos y subversivos lograrían una especie de federación o red que operaría de modo coordinado en todo el territorio nacional desde la clandestinidad, para difundir, promover y eventualmente colonizar las mentes de quienes les presten oídos, para así lograr llegar al poder e imponer un estado totalitario de corte socialista, como en Venezuela con Chávez, aprovechando la oportunidad y pertinencia que ofrece esta temporada previa a las elecciones del año entrante.
El desplegado sugiere que la propuesta del Senador Sotelo busca: “promover la creación y consolidación de los medios de comunicación alternativos y comunitarios para romper el cerco mediático, promover una instancia de coordinación internacional de medios alternativos de izquierda que genere lazos de intercambio de información de un país a otro, en el cual Telesur y Radio Sur (medios del gobierno venezolano) pueden ser punta de lanza para esta acción”
Pero, para tal efecto sería necesario, en primer lugar, que el gobierno actual finalmente respetara los acuerdos de San Andrés firmados en 2001, a raíz de los cuales se añadió al artículo 2 de nuestra Constitución Política Mexicana (Congreso de la Unión, 1917), la fracción VI que reza que es deber del estado:
“VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001)”
Dicha cuestión, que todavía no se ha establecido cómo hacerlo con la legislación vigente, se ha convertido en un rezago u omisión deliberada por parte del legislativo, por parte del ejecutivo. Asimismo, la estigmatización de las radios indígenas comunitarias como subversivas, militantes y belicosas se ha nutrido del referente que los medios electrónicos han querido relacionar de una u otra manera con las acciones violentas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que en 2006 tomaron 12 estaciones de radio como parte de sus estrategias de movilización social.
No obstante, olvidan el caso de Felícitas Bautista y Teresa Martínez, indígenas triques y locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio” quienes fueron emboscadas el 7 de abril del 2008 y ultimadas a balazos por su actividad “ilegal” de reportear para una radio sin permiso ni concesión para operar; y a las que, por cierto les fue otorgado un Premio Nacional de periodismo post-mortem.
Olvidan también que para llevar a cabo sus fines de persuasión y acceso al poder, estas radios necesitan ser financiadas para salir adelante con los gastos de operación de una empresa de este tipo, y para empezar, como lo ha referido el funcionario Hernández Licona, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): “entre los sectores más afectados dentro de la pobreza se encuentran los indígenas, que en el 75 por ciento de los casos de la población total sufren alguna de las seis carencias de la medición [de la pobreza], y en riesgo se encuentran de acceder a este grado más bajo de nivel de vida 1 millón y medio más. (Milenio, 2009)”.
El desplegado de la CIRT sólo puede entenderse si se toman en cuenta los siguientes puntos:
· Ella misma se obsequia el derecho de comunicar a los ciudadanos civilizados (no a “indígenas sediciosos”) el acontecer político y social a través de la promoción pactada financieramente con sus clientes / políticos y no admiten competencia de ningún tipo.
· La reforma de la legislación en la materia deberá contar con la anuencia de los medios electrónicos, cuidando en todo momento el oligopolio y sus ventajas.
· La desactivación de la iniciativa del senador Sotelo y la decisión del legislativo de posponerla hasta el año entrante, en plena ebullición electoral, acabará con la misma, pues nadie querrá meterse con los dueños de la pantalla en tiempos de cosecha de votos y acarreo.
Después de todo, como diría Alexis de Tocqueville: “no hay peor injusticia que tratar como iguales a los que no lo son”.
Referencias
AMEDI. (7 de Diciembre de 2009). Desplegado de la CIRT contra los medios comunitarios. Recuperado el 9 de Diciembre de 2009, de Asociación Mexicana de Derecho a a la Información: http://www.amedi.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=245:desplegado-de-la-cirt-contra-los-medios-comunitarios&catid=45:externas
Congreso de la Unión. (1917). Artículo Segundo. Recuperado el 8 de Diciembre de 2009, de Constitución Política Mexicana: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s=
Milenio. (10 de Diciembre de 2009). 33.2 millones de mexicanos enfrentan situaciones de pobreza. Milenio Diario , pág. http://www.milenio.com/node/338710.
Sotelo, C. (8 de Diciembre de 2009). Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.Senado de la República. Recuperado el 8 de Diciembre de 2009, de Senado de la República: http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=1558&lg=61
